Las décadas de aumento de fondos para la policía y las prisiones han alimentado el racismo y no han logrado frenar la violencia. Por lo tanto, exigimos:
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Transferir los fondos que actualmente se gastan en la policía a programas de vivienda, educación y empleo que realmente hagan a las comunidades más seguras de la violencia y promuevan vida y salud.
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No más policías en nuestras escuelas. Financiar la contratación de enfermeras, consejeros y otros servicios sociales profesionales que mantengan la seguridad de nuestros jóvenes.
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Poner fin a la guerra contra las drogas y gastar ese dinero en programas sólidos de rehabilitación.
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Poner fin al encarcelamiento de la gente de bajos recursos: poner fin a las fianzas en efectivo.
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Arrestar, acusar, enjuiciar y condenar a los policías que asesinan, asaltan y torturan. Despidos sin indemnización a policías responsables de violencia racista. Aquellos que encubren los crímenes de sus compañeros policías y que expresan una intolerancia descarada también deben ser despedidos. Anular contratos que ayudan a encubrir conductas delictivas por parte de la policía.
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Justicia para las víctimas de tortura policial y justicia para las víctimas de la brutalidad policial, incluyendo a las que siguen encarceladas.
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Poner fin al encarcelamiento masivo que ha afectado mas a los negros, los latinos y los indígenas.
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Liberar a los que están en cárceles y prisiones, ya que son vectores de la pandemia.
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Acabar con la pena de muerte racista y clasista.
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Reparación económica masiva a las comunidades predominantemente negras, latinas y nativo americanas que han soportado la peor parte de la pandemia y por décadas, la desinversión.
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Detener permanentemente las deportaciones, cerrar los centros de detención y terminar completamente con la separación de las familias inmigrantes.